Delitos Fiscales (Miscelánea Penal)

ANALISIS DE LOS DELITOS FISCALES
El 17 de Junio de 2016 se publicó la “Miscelánea Penal”, incorporando a dicho proyecto algunas reformas al Código Fiscal de la Federación, en especial al artículo 92 del CFF, donde se le da a la SHCP el carácter de víctima y ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en el CFF. Los abogados de Hacienda podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos.
Así mismo en otro de los párrafos de dicho artículo 92 del CFF, se modifica el término “procesados” por “imputados”, y contempla que la petición de sobreseimiento formulada por la SHCP en el proceso de delitos fiscales, deberá hacerse antes de que el Ministerio Público Federal, así como el asesor jurídico, formulen alegato de clausura, pudiendo allegarse de los datos necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales, a fin de cumplir con el requisito de procedibilidad que corresponda (DOF)
“Imputado” es la persona sobre la que se dirige una investigación por la presunta comisión de un delito. No existe una acusación formal contra la persona denunciada, por lo que el hecho de que sea llamado a declarar, no significa que sea culpable.
El Imputado se convierte en “Procesado” solamente en los procedimientos sumarios, cuando hay una resolución judicial, en la que se dice que hay indicios fundados de que esa persona es responsable del hecho que se está investigando judicialmente.
El sujeto IMPUTABLE puede haber cometido el delito movido por la VOLUNTAD CONSCIENTE de ejecutar LA ACCIÓN que estaba TIPIFICADA, o causarlo por imprudencia o negligencia. De esto depende el reproche que el estado le haga y la pena LEGAL que se le imponga. Quizá éste sea el elemento más subjetivo del derecho.


“El derecho penal fiscal establece normas y principios sustanciales y
procesales de carácter general, aplicables para sancionar violaciones especificas de la legislación tributaria general”.

 

El texto actual del artículo 92, queda de la siguiente manera:
Artículo 92.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código. Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos. ... I. ... II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido en los artículos 102, 103 y 115. III. ... ... Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura, y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de formular ante el Ministerio Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales. ... Al resolver sobre las providencias precautorias la autoridad competente tomará como base la cuantificación anterior, adicionando la actualización y recargos que haya determinado la autoridad fiscal a la fecha de que se ordene la providencia. En caso de que el imputado no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en todos los casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el mismo monto que correspondería a la providencia precautoria. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida esta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva a favor del Fisco Federal. Para efectos de la condena a la reparación del daño, la autoridad competente deberá considerar la cuantificación referida en este artículo, incluyendo la actualización y los recargos que hubiere determinado la autoridad fiscal a la fecha en la que se dicte dicha condena. En caso de que el imputado hubiera pagado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del imputado, podrá considerar dicho pago para efecto de la determinación de providencias precautorias, la imposición o modificación de las medidas cautelares.


El carácter de víctima u ofendido a la SHCP, es para darle legitimidad ante la SCJN, pero el hecho de utilizar los dos conceptos de Víctima u ofendido, carece de una correcta técnica legislativa, a la vez que al tratarse de delitos fiscales no puede tener el carácter de víctima ni de ofendido por no ser el titular de los bienes jurídicos tutelados en dichos delitos, el cual corresponde al Estado y no a la SHCP.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DICTADO POR ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el ofendido o la víctima del delito puede acudir al juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado sea un auto de formal prisión, pues se trata de una actuación procesal que tiene una relación indirecta con la reparación del daño, ya que si como consecuencia del juicio desaparece dicho auto cabeza del proceso, ello implica que la reparación del daño no ocurra por verse truncado el proceso penal. De ahí que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo promovido por el inculpado de la comisión de los delitos fiscales a que se refiere el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en el que impugna el auto de término constitucional, ya que no posee la calidad de víctima u ofendido, aun cuando a través del órgano correspondiente haya formulado querella por considerar que se cometió, en perjuicio del fisco federal, alguno de los delitos fiscales aludidos, pues tal querella la formula en su carácter de autoridad fiscal y de representante de los intereses patrimoniales del Estado, y no con la calidad de víctima u ofendido. Lo anterior es así, ya que el artículo 92 del citado código sólo le otorga la representación del Estado para las actuaciones expresamente señaladas en éste, sin que deba considerarse que la tiene para cualquier acto jurídico relativo al proceso penal respectivo; así, al no haber establecido el legislador Federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe representar al Estado también en los juicios de amparo respectivos, no puede considerarse que la ostenta tratándose de dicha actuación. Contradicción de tesis 451/2013. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 5 de marzo de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, respecto del fondo. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. Tesis y/o criterios contendientes: El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 30/2013 en el que determinó que no debe darse el carácter de tercero perjudicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menos considerarse como recurrente en el amparo en revisión, toda vez que si bien la referida secretaría de Estado por conducto del Director de Defraudación Fiscal de la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, formula querella, por hechos probablemente constitutivos de delito, que motivan el inicio de una averiguación previa correspondiente, consignada por el delito de defraudación fiscal equiparable, tal carácter de querellante, no le otorga el de parte ofendida en el procedimiento penal, cuando tal ente público moral hace del conocimiento al Ministerio Público, que algún contribuyente probablemente incurrió en la comisión de algún delito en perjuicio del fisco, ello, en virtud de que tal noticia criminis, la formula en carácter de autoridad fiscal en su función recaudadora, 2006530. 1a./J. 28/2014 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Pág. 527. -1- no así de víctima u ofendida, dado que las contribuciones que supuestamente hayan dejado de enterarse al fisco, no forman parte de su patrimonio como persona moral oficial; y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 123/2013 en el que sostuvo que se reconoce la calidad de parte ofendida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando formule querella para proceder penalmente por delitos fiscales, ya que actúa en su carácter de representante de los intereses patrimoniales del Estado; esto, con el fin de que el ilícito no quede impune y se obtenga la reparación del daño, lo cual, resulta suficiente para adquirir la calidad de tercero perjudicada en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo abrogada; de ahí que resulte imperioso llamar a dicha persona moral oficial al juicio de amparo. Tesis de jurisprudencia 28/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce.
Es importante ver los aspectos fundamentales de los delitos:
Principales aspectos relacionados con los delitos (Capítulo XV de la Ley PIORPI)
• Concepto de delito
• Clasificación del delito
• Prescripción del delito
• Gravedad del delito
• Individualización de la pena
CONCEPTO DE DELITO.
El delito es una acción u omisión típicamente antijurídica y culpable castigada por la Ley por una pena. Este concepto lo recoge el CODIGO PENAL FEDERAL, en el artículo 7, que define al delito con “acto u omisión que sancionan las leyes penales”.
Delito para el Derecho Penal, es la acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal.
Este concepto de delito como ente jurídico, derivado de los extremos exigidos por la ley para tener una acción u omisión por criminalmente punible difiere, por supuesto, del concepto de delito que puedan eventualmente usar las ciencias de la conducta o la sociedad.
Para que haya delito, es necesario en primer término que la voluntad humana se manifieste externamente en una acción o, en la omisión de una acción, sin la cual éste es inconcebible y sus caracteres son la tipicidad, la ilicitud o antijuridicidad o la culpabilidad.
El Derecho Penal está constituido por un conjunto de normas jurídicas y principios doctrinales de Derecho Penal Común, que tiene por objeto estudiar las infracciones, las sanciones, los delitos y las penas de índole judicial, y que al ser llevar a cabo una conducta infractora en forma dolosa o culposa, se quebrante el orden jurídico en esa materia, y por tal motivo al responsable se le debe castigar según la gravedad de la infracción o falta cometida por una autoridad competente judicial.
Para una mejor comprensión del concepto técnico jurídico del delito, es importante entender los elementos de éste :
1. Acción u omisión
2. Tipicidad
3. Antijuridicidad
4. Culpabilidad
5. Punibilidad
ACCION U OMISION. Se refiere propiamente a los elementos materiales de la conducta. La ley debe precisar en forma clara en que consiste la acción u omisión que en su caso será considerada como delictiva.
La acción u omisión debe ser típica, ello es, conforme a una descripción de la conducta delictiva hecha previamente por la ley. Ser antijurídica significa que está contraviniendo una norma legal; la culpabilidad es el reproche que le hace la sociedad a esa clase de conductas que afectan el orden social y la tranquilidad personal, social o familiar y la propia vida.
TIPICIDAD. Se debe entender por tipicidad la descripción legal desprovista de carácter valorativo y de detalles innecesarios, que efectúa el legislador e incorpora en la ley. De tal forma que la acción u omisión que lleva a cabo el sujeto activo, para que pueda ser considerada con el delito, debe ajustarse a la conducta descrita por el legislador como típica.
ANTIJURIDICO. Es aquella conducta que no solo es definido por la ley como tal sino que además no se encuentra protegido por causas justificadas, como podrían ser por ejemplo el cumplimiento de un deber.
CULPABILIDAD. Es la responsabilidad en la comisión del ilícito, en este punto debe además de atenderse al dolo, que es la búsqueda y conocimiento pleno del resultado y la culpa que es la ejecución de la acción delictiva pero sin la búsqueda del resultado.
PUNIBILIDAD. Es la facultad de castigar al activo por incurrir en una conducta considerada como delito. Así pues para que una acción sea considerada como delito, debe de contar con todos y cada uno de los elementos descritos con anterioridad.


CLASIFICACION DEL DELITO
1. PERSEGUIBLES POR QUERELLA O POR OFICIO. La ley establece cuales delitos deben de perseguirse por querella y por exclusión, aquellos delitos que no se persiguen por querella son perseguidos por oficio. Los delitos que establezcan que serán perseguidos por querella de parte, para que el agente del ministerio público pueda proceder con la investigación y el ejercicio de la acción penal debe de existir previamente la querella de la parte afectada, es decir la parte que se considera como sujeto pasivo del delito o que por ley tiene la facultad para interponer una querella.
Los únicos requisitos de procedibilidad que autoriza la CPEUM son la denuncia y la querella o un acto equivalente a ésta, como por ejemplo la expresión o manifestación de una autoridad para que se persiga cierto delito, independiente del nombre que esa expresión adopte: declaratoria, requerimiento, petición, etc. tal es el caso de los delitos de naturaleza fiscal que para proceder penalmente respecto de éstos, se requiere que la SHCP formule querella o declaratoria de que el fisco ha sufrido o pudo sufrir algún perjuicio (acto equivalente).
La denuncia es el medio por el cual se pone en conocimiento del Ministerio público, la probable existencia de uno o varios delitos que son perseguidos de oficio.
La querella es exactamente lo mismo, pero además lleva implícita, la expresión de voluntad de la víctima o el ofendido, para que se proceda penalmente, cuando se trata de delitos perseguibles a instancia de un particular legitimado para formular la querella.
En el caso de delitos que se persiguen de oficio, el agente del ministerio público tiene la facultad de investigar y ejercitar la acción penal, a partir de que tiene conocimiento del delito y sin necesidad del consentimiento del sujeto pasivo o el titular del derecho lesionado.

2. POR LA CONDUCTA: ACCION Y OMISION. Esta clasificación de delito se relaciona con el tipo de conducta desplegada, es decir cuando la conducta típica consiste en que el sujeto activo despliega positivamente una o varias acciones; en el caso de la omisión el sujeto activo se abstiene de llevar a cabo una acción que legalmente debería haber efectuado, incurriendo así en una conducta delictiva. En el caso en particular es un acto u omisión sancionado por las Leyes PIORPI y Penal en forma administrativa y judicial, en el primer caso el castigo es impuesto por la SHCP, autoridad administrativa, y , en el segundo por una autoridad judicial.


3. POR EL ELEMENTO INTERNO DOLOSOS O CULPOSOS.
• Dolosos. Son aquellos que se materializan mediante la premeditación, la alevosía, ventaja y traición, cuando hay la intención del sujeto activo de cometer ese delito ilícito y se prepara para tales efectos.
• Culposos. Estos a lo sumo llevan la imprudencia, la impericia, la falta de cuidado, la irreflexión, el error, la ignorancia (aunque cabe precisar que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento) y hasta la imposibilidad física, y en este último supuesto han surgido en la legislación penal lo que se conoce como “excluyente de responsabilidad”

4. POR EL FUERO FEDRALES, FUERO COMUN, MILITARES. Los Delitos Federales se refieren a aquellos que por exclusión se encuentran reservados únicamente para esa clase de autoridades ya sea por materia o territorio, por exclusión los demás delitos son del fuero común. Así mismo prevalece el fuero Militar para el caso de los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones.

5. DELITOS GRAVES O NO GRAVES. Delitos graves son aquello que la ley establece como tales, anteriormente la gravedad del delito se encontraba ligada a la penalidad prevista, sin embargo lo anterior fue objeto de una modificación y en la actualidad los delitos considerados como graves en materia federal se encuentran especificados como graves en materia federal se encuentran especificados en el artículo 194 de Código Federal de procedimientos Penales, entre ellos, tenemos los delitos fiscales:
VI. DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, LOS DELITOS SIGUIENTES:
1) CONTRABANDO Y SU EQUIPARABLE, PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 102 Y 105 FRACCIONES I A LA IV, CUANDO LES CORRESPONDAN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES II O III, SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 104, Y
2) DEFRAUDACION FISCAL Y SU EQUIPARABLE, PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 109, CUANDO EL MONTO DE LO DEFRAUDADO SE UBIQUE EN LOS RANGOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II O III DEL ARTICULO 108, EXCLUSIVAMENTE CUANDO SEAN CALIFICADOS.

 

¿QUIEN COMETE EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL?
. Quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de impuestos del ejercicio u obtenga beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.
. Quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes.
. Quien se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.
. Quien sea responsable por omitir presentar por más d 12 meses, la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.
La prisión va desde los 2 meses a 9 años. Arts. 108 y 109 CFF

Es necesario otorgar a la SHCP la facultad expresa para representar al Estado en el ejercicio de sus derechos como ofendido de los delitos fiscales, para que su actuación sea apegada a derecho, respetando la CPEUM.